Mañana, en el Parlamento Europeo votará sobre la autorización del herbicida glifosato hasta el 2031. Esa decisión, no vinculante, puede suponer otros 15 años más de exposición a un herbicida «probablemente cancerígeno» y disruptor endocrino en nuestros parques, jardines y alimentos (los alimentos europeos tienen restos de este tóxico, siendo el último caso hallado el de la cerveza alemana).
La oposición social a este pesticida en España es masiva y no deja de crecer: además de las miles de firmas individuales recogidas, 68 nuevas organizaciones se unen hoy a las 59 que enviamos una carta, la semana pasada, a los Ministros Tejerina y Alonso para pedir que España diga no al glifosato. (Ver post de carta a los Ministros)
Queremos presionar al Gobierno español, que se ha mostrado a favor de la reautorización del glifosato. España sigue la posición de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que no ve ningún riesgo en el uso del herbicida, a pesar de que la Agencia Internacional para el estudio del Cáncer (IARC), de la OMS, lo clasificó como “probable cancerígeno” el año pasado, además de ser una sustancia sospechosa de ser disruptora endocrina. (Ver post).
Hasta el momento, la presión social ha dado frutos ya que se ha conseguido que cuatro Estados Miembro (Francia, Italia, Suecia y Países Bajos) muestren públicamente su oposición al herbicida en el pasado Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos de marzo y la reautorización se haya tenido que posponer a mañana en el Parlamento.
Falta de transparencia en los estudios de carcinogenidad
La industria de pesticidas no ha hecho públicos todos los estudios sobre el potencial cancerígeno de glifosato por «mantener sus intereses comerciales y la propiedad intelectual». Este hecho atenta contra las leyes de transparencia europea y conduce a controversias como ésta:
- La IARC (Agencia Internacional para el estudio del Cáncer) analizó los 8 estudios de carcinogenidad que son públicos: concluyó que el glifosato es un “probable cancerígeno para humanos”.
- La EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria) revisó 14 estudios, los que son públicos junto a otros que no lo son: concluyó que el glifosato no es cancerígeno.
¿Qué seguridad nos aporta, como ciudadanos, esta divergencia de opiniones? ¿Por qué no son públicos todos los estudios sobre sustancias que se liberan en el ambiente y pueden afectar a nuestra salud? Cuando se ha preguntado a la EFSA sobre estas cuestiones, la respuesta ha sido que los estudios no publicados, que no fueron accesibles para los expertos de la IARC, eran casualmente, los de mayor importancia y los que han hecho concluir que el glifosato es inocuo.
El propio Comisario de Salud, Andriukaitis, ha escrito una carta el 4 de abril a Richard P. Garnett, de Monsanto Europa, Presidente del lobby del glifosato, el Glyphosate Task Force, pidiendo que haga públicos todos los estudios de la industria. Pero la industria sólo permitirá acceder a los estudios “en salas de lectura”, al estilo del TTIP. Ver Carta de GTF al Comisario Andriukaitis
La lucha de las organizaciones en este sentido es doble: seguir presionando para que la población no esté expuesta a tóxicos como el glifosato y además, exigir que se cumplan las leyes de transparencia y los estudios de toxicidad se hagan públicos.
La Comisión y los Estado Miembro tendrán hasta junio para tomar la decisión final…
Paralelamente, la propia EFSA sigue investigando el potencial del glifosato como contaminante hormonal, también llamado disruptor endocrino. La investigación no finalizará hasta el año 2017. Autorizar un pesticida antes de que se estudie sus daños a la salud y el medio por ser disruptor endocrino, es una práctica que atenta contra el Principio de Precaución y ha sido denunciada ante el Ombudsman.