El Ministerio de Agricultura autoriza a los productores de caqui que realicen usos de plaguicidas no permitidos en España con la única justificación de asegurar las exportaciones.
Los problemas del caqui en Valencia
El cultivo del caqui en el Comunidad Valenciana ha permitido que esta fruta de origen oriental sea habitual en nuestros mercados. También que España exporte una parte importante de la producción a países como Rusia y Estados Unidos.
Pero el espectacular aumento de superficie cultivada, unida al predominio de una única variedad (la «Rojo Brillante») concentra la producción en las semanas 44 a 50. Durante esas semanas, el exceso de oferta origina un fuerte descenso de los precios que reduce el beneficio de las explotaciones. De ahí la necesidad de emplear un regulador de crecimiento para retrasar la maduración del fruto, el ácido giberélico, en cantidades superiores a las permitidas legalmente.
Además, el monocultivo fuera de su zona de distribución habitual afronta numerosos peligros de plagas. Tal es el caso de la cochinilla y la mosca blanca, que también reducen el valor económico de la fruta. De nuevo, una autorización excepcional al uso de un insecticida no permitido en el caqui soluciona el problema económico.
Para ambos problemas, la solución del Ministerio de Agricultura español es el uso de un arsenal de sustancias químicas, sin importar si los usos o cantidades están autorizadas no.
Autorizaciones excepcionales
Así se entiende cómo el Ministerio de Agricultura ha concedido un total de 21 autorizaciones excepcionales al cultivo del caqui desde mediados del 2016. En total 17 permisos de usos no autorizados a insecticidas, 3 a fungicidas y 7 a reguladores de crecimiento.
Este uso repetido de autorizaciones excepcionales expone al medio ambiente y a la población a sustancias que no deberían ser usadas de esa manera salvo en casos realmente excepcionales. En este caso, por ejemplo, autoriza usos no permitidos del insecticida «phosmet» sospechoso de ser tóxico para la reproducción.
A diferencia de otras autorizaciones excepcionales concedidas en España, las relacionadas con el caqui no se refieren a sustancias no autorizadas en Europa sino a sustancias permitidas pero para cultivos distintos o en cantidades inferiores.
Además, la autorización excepcional no es justificada legalmente. No se debe a una plaga que suponga un peligro para el cultivo, sino a un requisito de países importadores. El Ministerio deja patente en la propia autorización que responde a evitar una reducción de los ingresos de los exportadores:
“Estas plagas están consideradas como plagas de cuarentena en ciertos países a los que destinamos nuestras producciones, y ha ocasionado en las exportaciones numerosos rechazos en envíos realizados a terceros países. Estos incidentes han motivado que algunos de estos mercados estén planteándose instaurar estrictos protocolos de exportación que dificultarán nuestro comercio y elevarán los costes de producción y comercialización de nuestra fruta”.
El uso fraudulento de una herramienta legal como es la autorización excepcional permite que nos expongamos a sustancias a las que no deberíamos estar expuestas.
El Ministerio debe cesar de dar autorizaciones por motivos económicos y darlas únicamente cuando haya plagas y en ausencia de otro tipo de soluciones. Tanto si autoriza un plaguicida tóxico prohibido o uno permitido para otros usos cantidades, está permitiendo una exposición a tóxicos que no permite la ley.