Un estudio de la Comisión Europea confirma que una transición bien gestionada hacia un menor uso de plaguicidas no tendrá efectos negativos en la disponibilidad de alimentos.
Cultivar alimentos suficientes es compatible con cuidar la biodiversidad, la salud y luchar contra el cambio climático, según la propia Comisión Europea. Pero para lograrlo, debe aplicarse un Reglamento de Uso Sostenible de Plaguicidas (SUR) fuerte, con un control integrado de plagas con objetivos para cada cultivo y apoyo financiero a las y los agricultures.
La Red de Acción contra plaguicidas (PAN Europa) y Ecologistas en Acción piden en esta carta a las y los ministros reunidos en el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE del 25 de julio de 2023 que mantengan la propuesta original de SUR de la Comisión, sin rebaja de sus objetivos.
Estudio de la Comisión
El 5 de julio de 2023, la Comisión publicó un estudio complementando a su propuesta de Reglamento de Uso Sostenible de plaguicidas (SUR por sus siglas en inglés), tal y como le solicitó el Consejo. El estudio confirma que una transición bien gestionada hacia una menor dependencia de los plaguicidas no tendrá efectos negativos para la disponibilidad de alimentos.
La Comisión niega así el mayor de los fantasmas que han esgrimido los productores de agrotóxicos en contra de una reducción de plaguicidas en Europa: la escasez de alimentos.
Pero según el estudio y la comunidad científica, hasta 2030 hay tiempo suficiente para una transición agrícola bien dirigida. También subrayan que la seguridad alimentaria sí está amenazada por la crisis climática y de biodiversidad, la degradación del suelo y del paisaje y la pérdida asociada de servicios ecosistémicos.
Por eso es esencial mantener la propuesta de Reglamento de Uso Sostenible (SUR) de la Comisión, sin cambios ni retrocesos y manteniendo las disposiciones clave de la propuesta. Entre ellas, una gestión integrada de plagas con objetivos y
Gestión integrada de plagas obligatoria
La gestión integrada de plagas (GIP) es una alternativa eficaz a los plaguicidas. Se trata de una serie de pasos en la lucha contra las plagas que llevan a un menor o nulo uso de plaguicidas. En primer lugar, se basa en aplicar prácticas agronómicas preventivas como rotación de cultivos, variedades resistentes y mejora de la biodiversidad funcional, combinadas con sistemas de vigilancia, control mecánico, físico y natural. Todo esto antes de utilizar el biocontrol, y, como último recurso, solo si todas las demás opciones han fallado, emplear plaguicidas químicos.
Aunque la Directiva sobre el uso sostenible de los plaguicidas (dir. (CE) 128/2009, SUD) hizo obligatoria la Gestión Integrada de Plagas desde 2014, múltiples análisis de organismos de la UE confirman su falta de aplicación.
La práctica demuestra que si no se establecen normas obligatorias específicas para cada cultivo y aplicables en al menos el 90% de la superficie agrícola utilizada, nunca se aplicará completamente la GIP. Además, las normas vinculantes específicas para cada cultivo garantizan que los agricultores puedan optar a recibir ayuda financiera durante la transición a la plena aplicación de la GIP a través de los fondos de la PAC.
Por esto preocupa que durante la pasada Presidencia sueca de la UE, se anularan las normas directamente vinculantes para cultivos específicos, convirtiéndolas en una mera opción para los Estados miembros.
Protección de la biodiversidad
En cuanto a la protección de la naturaleza, el aumento de la biodiversidad funcional, elemento clave de la GIP, contribuirá a mitigar el cambio climático y a adaptarse a él, a estabilizar el microclima, a reducir la erosión, a favorecer la polinización y el control natural de las plagas y a mejorar la cantidad y la calidad del agua.
La incorporación de elementos paisajísticos de alta diversidad que cubran al menos el 10 % de la superficie agrícola utilizada, un objetivo clave de la estrategia de biodiversidad, es fundamental para la transición hacia sistemas agrícolas resilientes y rentables a largo plazo y debe mantenerse en el reglamento.
PAC y apoyo financiero
Los fondos de la PAC deben utilizarse para apoyar a las y los agricultores en la transición hacia prácticas agroecológicas. Pero para eso, se requieren, de nuevo, normas específicas para cada cultivo que no pueden eliminarse de la propuesta SUR.
Se ha previsto presupuesto en los fondos de la PAC para apoyar a los agricultores a aplicar la GIP y reducir el uso de plaguicidas. También deben proporcionar fondos para la inversión en equipos, formación, y seguros por pérdidas de ingresos durante la transición a la GIP.
Cuando los Estados miembros insisten en sustituir las normas específicas de los cultivos por meras directrices, y eliminan las disposiciones sobre financiación de la PAC de la propuesta, impiden que los agricultores reciban ayudas para realizar el cambio hacia la aplicación de la GIP.
Zonas barrera
Los agricultores, los trabajadores del campo y los habitantes de las zonas agrícolas corren un riesgo especial de sufrir efectos adversos de los plaguicidas sobre su salud, ya que los datos muestran concentraciones más elevadas de plaguicidas en la sangre.
Se han demostrado vínculos entre la exposición a plaguicidas y muchas enfermedades, como cáncer (por ejemplo, linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple, melanoma cutáneo, cáncer de ovario, mama, cerebro, labio y próstata) y trastornos neurodegenerativos (enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer). El Parkinson está reconocido como enfermedad profesional en Francia e Italia.
Muchos plaguicidas tienen características de alteración endocrina, interfiriendo con las hormonas naturales, e incluso a dosis bajas afectan al desarrollo y funcionamiento normal de múltiples órganos.
Además de la necesaria aplicación de la GIP y de la reducción del uso y del riesgo de los plaguicidas, es esencial que se implanten amplias zonas barrera para proteger a los habitantes y al medio ambiente. Para que las zonas tampón proporcionen un nivel de protección relevante, deben ser lo más amplias posible, con una anchura de al menos 100 m.